No hay solución cuando no hay Política de Estado

El Gobierno de España se encuentra ante la difícil solución a un problema en el que se encuentra prisionero por sus propios planteamientos, por una cierta hipocresía y "buenismo" que ha ido configurando la línea política en materia de política de Estado. El caso del atunero Alakrana plantea un problema de difícil solución.

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Y es que los asuntos de seguridad, defensa, política exterior o derecho internacional pueden jugar una mala pasada si se sigue, como ha sido en los últimos años, una política errática y sin un objetivo nacional claro, encerrándose en una política interna en clave electoral y electoralista. Lamentablemente no se puede olvidar que España vive en un mundo complejo y ninguno de los problemas actuales nos es ajeno y hay que tener soluciones para ellos, siempre.

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En Afganistán, por ejemplo, nos pueden hablar de "delincuentes comunes" pero todos sabemos, y el Ministerio de Defensa más que nadie, que a lo que nos enfrentamos allí es a una insurgencia que emplea técnicas terroristas en sus ataques contra las fuerzas de la OTAN y contra los propios afganos a los que pretendemos proteger. Negarlo simplemente multiplica la magnitud del problema lejos de solucionarlo.

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El caso de la piratería en las aguas de Somalia tiene dos frentes. El primero local, poco tecnificado, casi ingenuo, se concentra en el Golfo de Adén, el segundo en aguas abiertas del Indico, entre las costas del sur de Somalia, Kenya y las Seychelles tiene una naturaleza más compleja con un sofisticado apoyo exterior, regional pero posiblemente también europeo, tecnificado y más violento y exigente en sus acciones. Este último es el caso que nos ocupa y no es la primera vez que este baluarte trata del asunto, ni es la primera vez que se dice desde aquí que el poner carísimos e ineficaces obstáculos a la piratería no resuleve el problema que se encuentra tierra adentro... A veces pienso que hay fuertes intereses en que la piratería y el conflicto interno en este pobre pais que es Somalia continúe mientras frente a sus costas pasa todo el comercio que va de Europa hacia y desde Japón, China o India, por ejemplo...

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El Gobierno, presa de sus planteamientos anteriores se encuentra ante el dilema de liberar a unos piratas pendientes de juicio en España, lo cual sería un escándalo de dimensiones mundiales, o negociar con los piratas, pagando el rescate exigido y alimentando así más el crimen o afrontar el problema como lo que es, una ataque contra las libertades de los españoles en un país sin policía ni jueces, ante el que no se puede estar de brazos cruzados y para el que exsten soluciones rápidas, justas, "limpias" y expeditivas, pero a las que el Gobierno no se quiere enfrentar por pensar sólo en clave interna y prefiere oir como los familiares de los marineros secuestrados, a los que comprendo en su angustia y su búsqueda de soluciones rápidas, reclaman que se libere a los piratas a disposición judicial, sin plantearse la monstruosidad que ello supone y el chantaje a que un puñado de indocumentados podría someter a una nación soberana como España que tiene magníficas herramientas que pretende no usar pero para las que, me temo, ha llegado el momento de emplearlas.